El 26 de agosto de 1942, el presidente Juan Antonio Ríos crea la Dirección General de Enseñanza Profesional, convencido de la importancia de la Educación Técnico Profesional como motor del desarrollo productivo del país. Cinco años más tarde (1947), y continuando en la misma línea, el presidente Gabriel González Videla da vida a la Universidad Técnica del Estado, heredera de la tradición de la Escuela de Artes y Oficios.
Entre 1965 y 1973, a estos esfuerzos de reconocimiento se suma el aporte de entidades como la Dirección Universitaria Obrero-Campesina (DUOC), el Instituto Nacional de Capacitación (Inacap), entre otras, apuntando a profesionalizar el trabajo de obreros y técnicos.
Hoy, cifras del Mineduc muestran que este 2022 la matrícula total de pregrado en carreras de Centros Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) representa el 43,7% del universo de matriculados en las Instituciones de Educación Superior. (CFT 133.252 / IP 395.792).
Este interés nos obliga a estar a la altura de los cambios sociales que ha experimentado nuestra sociedad, pues estamos ante un nuevo hito: la publicación en septiembre de 2021 de la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior.
Debemos establecer políticas para hacer carne en cada institución la normativa invocada, no solo porque lo mandata la Ley sino porque estamos convencidos de que toda institución moderna debe hacerse cargo de los cambios de paradigma que va enfrentando nuestra sociedad y uno de ellos es precisamente, el que dice relación con la perspectiva de género, la prevención y la sanción de actitudes de violencia y discriminación al interior de nuestras instituciones de Educación.
En este sentido, nos parece de mucha importancia hacer de nuestro espacio educativo una zona libre de acoso o discriminación por género. Aquí es donde cobra fuerza la necesidad de avanzar en la eliminación de estereotipos de género que aún presentan barreras a las mujeres en carreras que tradicionalmente han sido copadas por hombres, principalmente en áreas como Telecomunicaciones, Mecánica o Electricidad. Este cambio de mirada también debe considerar que se promocione el acceso a hombres a carreras tradicionalmente “feminizadas”. El ejemplo más claro es el de Educación Parvularia. La cifra es lapidaria: 99 de cada 100 matrículas corresponden a mujeres.
Los prejuicios, por lado y lado, deben ser erradicados si queremos avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y con enfoque de género. Pero esta tarea no le compete solo al Estado a través de la promulgación de regulaciones como la señalada. Tampoco es de competencia exclusiva de las instituciones educacionales. Es la sociedad civil en su conjunto la que debe asumir también esta mirada inclusiva.
Santiago, 26 de agosto de 2022
